El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado esta pasada semana una sentencia, de 16 de febrero de 2017, declarando inconstitucionales parte de las normas del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) de la norma foral tributaria local de Guipúzcoa (Norma Foral 16/1989, de 5 de julio), en el caso de que no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos.

Lo declarado inconstitucional es la Norma Foral -aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Guipúzcoa lo planteó también respecto de las normas correlativas del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales estatal-, pues el Pleno del Tribunal Constitucional ha entendido con gran rigor que su “cognitio” estaba limitada a las normas en cuya virtud hubiera de resolverse el caso concreto en el que el Juez promovente plantea la cuestión previa de constitucionalidad, y éste se regía por la Norma Foral.

Sin embargo a ningún operador se le escapa que en las numerosas cuestiones de constitucionalidad planteadas ante el Tribunal Constitucional por Juzgados y Salas de lo Contencioso de toda España, el criterio que seguirá el Alto Intérprete de la Constitución será el mismo.

La materia objeto de pronunciamiento es muy simple: el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal en términos cotidianos) es un tributo local que grava dicho incremento cuando se produce la transmisión de un inmueble (aunque sólo grava la parte correspondiente al valor del terreno de naturaleza urbana sobre el que se asienta). Para facilitar la liquidación y gestión del Impuesto a las entidades locales, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (y la normativa foral en su seguimiento) establece un mecanismo muy simplificado que no tiene en cuenta el incremento real del valor, sino que presume “iuris et de iure” que el incremento se ha producido y sobre el valor catastral aplica una fórmula que cuantifica la cuota tributaria teniendo en consideración esencialmente los años en los que se había gestado la teórica plusvalía.

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